En la portada del BOE de hoy (20/04/2011) aparece el recurso de inconstitucionalidad nº 5025-2000, en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

Mirando las fechas vemos que el Real Decreto-ley vió la luz hace casi once años y que por tanto ha transcurrido más de una década desde que el alto Tribunal ha tomado una decisión respecto al mismo. En el supuesto de que dicha norma provisional fuera acorde a la Constitución pues bien. Pero, ¿qué hubiese ocurrido o mejor que ha ocurrido si el Real Decreto era contrario y opuesto a nuestra Carta Magna? ¿Se hubiese acabado con la democracia en España? ¿Se habría evitado la crisis? ¿España habría dejado de ganar el Mundial de Sudáfrica? Pues no. Tampoco habría pasado nada, absolutamente nada. En resumidas cuentas: durante más de dos lustros la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 6/2000 le ha importado un bledo a la historia de España. Y la pregunta es que si la inconstitucionalidad de dicha norma provisional le ha importado un bledo a la historia de España ¿para qué está el Tribunal Constitucional?

Y esta pregunta nos la hacemos ahora, diez años después, en que el Alto Tribunal resuelve sobre el recurso en cuestión declarando la extinción del mismo por desaparición sobrevenida de su objeto. Se resuelve, en fin, no resolver porque no hace falta dictar resolución (sentencia tal vez) al respecto.

Ante la evidencia incontrovertible de una muestra más de la inoperancia de este Tribunal, al que quizá solo vence en prescindibilidad el Defensor del Pueblo, uno se pregunta si no sería mejor acogerse al denostado sistema de control difuso de la constitucionalidad propio de los países anglosajones. ¿O no?